Junta destaca Tribunal Cuentas no cuestiona legalidad contratación pública.
La oposición ha resaltado que el informe del Tribunal de Cuentas ha detectad "anomalías" en 656 contratos públicos adjudicados en 2016 y 2017
La candidata de Cs a la presidencia de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha calificado este lunes de "demoledor" el informe del Tribunal de Cuentas sobre los contratos adjudicados en 2016 y 2017 en Castilla-La Mancha, mientras que la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, ha pedido explicaciones al presidente regional, Emiliano García-Page, "por despilfarrar mil millones de euros".
En nota de prensa, Agudo ha lamentado que Castilla-La Mancha vuelva a ser noticia nacional "por un nuevo escándalo", después de que el Tribunal de Cuentas haya detectado "anomalías en la mayoría de los 656 contratos públicos adjudicados en 2016 y 2017 por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por un importe de casi mil millones de euros", ha señalado.
La dirigente 'popular' ha señalado que, "según el Tribunal de Cuentas, en muchos contratos firmados por la Junta, los auditores han observado la ausencia de los informes o de los estudios económicos necesarios para garantizar que el precio del contrato fuera el adecuado al mercado", por lo que Garcío-Page se ha gastado el dinero "de manera irregular y presuntamente ilegal".
En este contexto, ha anunciado que el candidato del PP a la presidencia de la región, Paco Núñez, "investigará, desde el Gobierno regional, adónde han ido a parar los mil millones de euros y además se depurarán responsabilidades y posibles consecuencias jurídicas de estos despilfarros".
Por su parte, la candidata del Cs a la presidencia de la Junta ha indicado que el Tribunal de Cuentas afirma que, en un importante número de contratos adjudicados bajo la Presidencia de García-Page, "no se justifica ni la necesidad, ni la cuantía de los contratos ni se comprueba que haya crédito suficiente para su adjudicación" y que "lo más grave es que se utilizan procedimientos que facilitan la adjudicación a dedo".
Para la candidata de la formación naranja, que ha tachado de "demoledor" el informe del Tribunal de Cuentas, "es alarmante que se hayan aceptado ofertas presentadas fuera de plazo, se hayan utilizado tramitaciones de urgencia o emergencia sin acreditar los motivos, haya deficiencias y falta de control en la aplicación de los criterios de adjudicación de los contratos y se hayan modificado contratos sin ajustarse a la Ley".
Dicho esto, ha sentenciado que Cs quiere que en la región "prime el talento por encima de los contactos y, por ello, creará la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción de Castilla-La Mancha, que estará formada por personas independientes elegidas con mayoría reforzada de las Cortes para fiscalizar cada euro público.
Junta destaca Tribunal Cuentas no cuestiona legalidad contratación pública
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado este lunes que la contratación pública en esta región "se ajusta a los principios de legalidad y transparencia", los cuales no pone en entredicho el Tribunal de Cuentas en el informe que, sobre esta materia, ha publicado en su página web.
En nota de prensa, la Junta aclara que el Tribunal de Cuenta señala en dicho informe de fiscalización, sobre la contratación pública de 2016 y 2017 correspondientes a las cinco comunidades autónomas que no disponen de un órgano de control externo propio, una serie de observaciones en los contratos examinados de las comunidades de Cantabria, Extremadura, Murcia, La Rioja y Castilla-La Mancha, además de las ciudades de Ceuta y Melilla.
En el caso de Castilla-La Mancha, "el Tribunal solo ha examinado 68 contratos de los más de 3.000 formalizados por la Administración regional entre 2016 y 2017, que se ajustan a la legalidad y, en relación a la tramitación administrativa de los mismos, ha hecho algunas observaciones", explica el Ejecutivo regional.
Por otra parte, el informe indica que el Gobierno de Castilla-La Mancha cumple en materia de transparencia "de manera destacada" en cuanto a contratación administrativa con la publicación de las instrucciones de contratación, la existencia de los perfiles del contratante y el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, de igualdad y de transparencia de adjudicaciones y contrato.
El Tribunal de Cuentas también reconoce el cumplimiento por parte del Gobierno regional de las observaciones remitidas en informes anteriores, entre ellas, por ejemplo, remitir toda la información a dicho órgano sobre contratación llevada a cabo en el sector público regional, cumplir con los objetivos de transparencia y objetividad en el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares o aumentar la diligencia en la elaboración y supervisión de los proyectos.
Además, en las alegaciones presentadas al borrador del informe por la Junta de Comunidades, se justifica en cada uno de los contratos examinados el cumplimiento de la normativa y el envío de toda la documentación que había solicitado para la evaluación de los contratos examinados, concluye el Ejecutivo castellano-manchego.
