Desde que en el año 1986 el Gobierno central acordó compensar a las autonomías por los caudales cedidos a la cuenca del Segura.
Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Agua de las Cortes regionales./JCCM
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha estimado que la deuda con la comunidad autónoma por el aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura asciende a 106 millones de euros desde que en el año 1986 el Gobierno central acordó compensar a las autonomías por los caudales cedidos a la cuenca del Segura.
Así lo ha puesto de manifiesto el director de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente y Agua de las Cortes regionales para informar sobre la deuda histórica con la comunidad autónoma en materia de agua. El dinero del trasvase va directamente a la caja del Gobierno regional, sin que haya un compromiso de inversión en los municipios ribereños como estos reivindican.
Luengo ha explicado que el trasvase, una infraestructura de 292 kilómetros que entró en funcionamiento en 1979, está dividido en tramos y es aprovechado a lo largo de su recorrido por distintos usuarios a los que se ha asignado "un volumen potencial" en base a tres conceptos: obras, gastos fijos y gastos variables.
En este sentido, ha señalado que el Gobierno central acordó en 1986 transferir a las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura lo cobrado por la parte relativa a obras, y que a Castilla-La Mancha le corresponden cuatro novenas partes.
Si bien, ha añadido que a los regantes -fundamentalmente al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS)- se le aplican las tarifas en función a los volúmenes realmente consumidos, lo que, según el director de la Agencia del Agua, significa que Castilla-La Mancha "está perdiendo".
Luengo ha indicado que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura elabora periódicamente un documento sobre tarifas, según lo previsto en la Ley 52/1980.
Y ha agregado que, revisando la normativa, la Agencia del Agua vio que esas tarifas "se estaban aplicando mal" y así se lo comunicó al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), lo que supuso una revisión con una subida a los regantes que motivó un recurso judicial por parte del SCRATS.
El director de este organismo ha calculado que desde el año 1986 hasta la actualidad, las pérdidas para esta región han ascendido a 106 millones de euros, al tiempo que ha resaltado que las obras del acueducto Tajo-Segura se están amortizando "mucho más lentamente de lo que deberían".
En este punto, ha detallado que tras más de 35 años de trasvase, se ha amortizado sólo un 37,85 por ciento del coste de las actuaciones, cuando ya debería haberse alcanzado el 60 por ciento, y se ha preguntado quién va a pagar esta deuda si el día de mañana el trasvase dejase de funcionar.
En cualquier caso, ha hecho hincapié en que el objetivo principal del Gobierno de Castilla-La Mancha es el agua y que ésta sirva para el desarrollo de la región.
Críticas de la oposisición
Por su parte, la diputada del PP Ana Guarinos ha acusado al jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, de ser "el presidente más trasvasista de la historia de Castilla-La Mancha", así como de no haber garantizado "un solo hectómetro cúbico de agua para esta región" y se ha preguntado "a qué está esperando para presentar su dimisión".
Guarinos ha pedido a García-Page "que se ponga a trabajar" junto al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en un pacto nacional del agua "que evite las polémicas interesadas y ponga fin al conflicto".
Además, la diputada socialista Carmen Torralba, ha mostrado su "rotunda oposición" al trasvase y ha asegurado que el PSOE defiende la misma postura "gobierne quien gobierne" en el Ejecutivo central, al tiempo que ha pedido al PP "que sea valiente" y que se adhiera al pacto regional del agua que ha elaborado el Ejecutivo autonómico.
Ha destacado que el 45 por ciento del agua que reciben los embalses de cabecera se va a Levante y que "no se puede generar riqueza en un territorio a costa de los intereses legítimos y derechos de otro", por lo que ha reclamado el fin del trasvase y la derogación del Memorándum, así como la puesta en marcha de infraestructuras de desalación.
También el portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, ha subrayado que el trasvase "no compensa ni de lejos a Castilla-La Mancha y arroja una deuda histórica del todo inasumible para nuestra región".
Y ha opinado que la mejor manera de saldarla es derogar el Memorándum, aplicar con rigor la directiva marco del agua, poner fecha al cierre del trasvase Tajo-Segura y que las compensaciones que se vienen pagando a Castilla-La Mancha se destinen a poner desaladoras en Levante.