El consejero de Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, se muestra rotundo al afirmar que el Gobierno regional no buscará "subterfugios" para recuperar la jornada laboral de las 35 horas semanales para los empleados públicos y pide que sea el Gobierno central el que "abra la mano".
José Alfonso Ruiz-Molina, consejero de Hacienda./JCCM.
Ruiz Molina señala, en una entrevista con la Agencia Efe, que el Gobierno regional "fue de cara" y aprobó una ley que modificó la norma aprobada por el anterior Ejecutivo castellanomanchego que aumentaba la jornada laboral de los funcionarios a las 37,5 horas semanales y que fue "una medida que copió el Estado a la comunidad autónoma".
El también consejero de Hacienda recuerda que el Gobierno regional contrató al personal necesario para aplicar la reducción de jornada y el 1 de enero de 2016 entró en vigor la norma, que fue recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, que "consideró, no de forma pacífica sino con varios votos particulares" -apunta Ruiz Molina- que Castilla-La Mancha estaba invadiendo competencias estatales y por lo tanto, invalidó la ley.
"Hemos acatado la sentencia, como no podía ser de otra manera", defiende Ruiz Molina y ante las propuestas de otras comunidades autónomas, como Andalucía que ha vivido una situación similar, de aprobar la jornada presencial de 35 horas y 2,5 horas semanales de formación online, el consejero de Administraciones Públicas subraya: "Los funcionarios no se merecen que utilicemos subterfugios para cumplir algo que el TC ha dicho que era ilegal".
Además, opina que la imagen que se daría a "los ciudadanos no sería la más adecuada", por lo que exige a quienes piden la aplicación de las 35 horas semanales que reclamen al Gobierno central que "abra la mano y posibilite que las comunidades autónomas puedan regular cada una de ellas, como considere más oportuno, la jornada laboral de sus empleados públicos".
En general, Ruiz Molina considera que el Gobierno regional acabará la Legislatura habiendo cumplido con todos los compromisos que alcanzó con los empleados públicos al inicio de la misma y recuerda que ya se ha abonado íntegramente la paga extra de diciembre de 2012 y se han incrementado los salarios un 3 por ciento, a razón del 1,5 por ciento de 2017 y el 1,5 por ciento de este año.
Y añade que en 2019, los salarios subirán un 0,5 por ciento "como consecuencia de la paciencia que han manifestado por la recuperación de un derecho perdido de carácter económico y que solo se había perdido en esta comunidad autónoma y no en el resto".
La plantilla de la Junta se ha incrementado un 4,3 por ciento
También se han recuperado derechos relacionados con vacaciones, permisos por enfermedad y la incapacidad laboral transitoria y señala que, en la actualidad, se está negociando un "Plan Concilia" para mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos.
Además, subraya que desde junio de 2015 hasta diciembre de 2017, la plantilla de la Junta de Comunidades se ha incrementado un 4,3 por ciento, es decir, 3.054 efectivos más y ello, aún sin sumar las ofertas de empleo público que o bien se están desarrollando en la Administración General o se celebrarán tanto en sanidad como en educación.
También recuerda la firma del III Acuerdo por la Estabilidad en el Empleo en las contratas de la Junta y avanza que próximamente se reunirá la comisión de seguimiento para "hacer una evaluación de cómo se están comportando las empresas" en relación con los principios incluidos en dicho acuerdo.
