La ley regional se adapta a lo establecido por la normativa nacional
La Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla-La Mancha, que hoy se ha aprobado en las Cortes de Castilla-La Mancha adapta la normativa regional a la ley básica estatal, mejora y refuerza el sistema cameral profundizando en su papel representativo, así como en sus funciones de prestación de servicios a las empresas y de colaboración con la Administración.
“Se trata de una normativa encaminada a que las Cámaras puedan desarrollar todo su potencial, lo que redundará en un mayor impulso al desarrollo económico y la creación de empleo en la región”, ha apuntado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en su defensa del proyecto de ley en sede parlamentaria.
La nueva Ley recoge, entre otros puntos, que la demarcación territorial de las Cámaras es provincial y contempla también el régimen para la elección de los miembros del pleno. A este respecto, la ley incentiva las contribuciones voluntarias de las empresas, para procurar una mejor financiación de las Cámaras, otorgándoles 1/6 de representatividad en los órganos de gobierno y también limita los mandatos en la presidencia de las Cámaras dos reelecciones consecutivas.
Con la finalidad de reafirmar un papel coordinador sobre la actividad de las Cámaras provinciales, la nueva Ley reserva al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla-La Mancha, la representación, relación y coordinación de todas las Cámaras existentes en la región y de éstas con la Junta de Comunidades y con el resto de instituciones públicas.
La presidencia del Consejo Regional de Cámaras será rotatoria entre los presidentes de las Cámaras provinciales. El texto aprobado contempla también la suspensión, la disolución de los órganos de gobierno de las Cámaras o su extinción, aspecto que no se recogía en la vigente legislación autonómica y que, dada la situación actual de alguna de nuestras Cámaras, era preciso regular.
La Cámara de Guadalajara
Una nueva legislación podría cambiar la situación de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Ésta institución entró en quiebra en el año 2012 y desde entonces está tutelada por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a través de una comisión gestora que se nombró en marzo de ese año. Actualmente la comisión está integrada por Javier Rosell, director general de empresas, competitividad e internacionalización de Castilla-La Mancha, el delegado provincial de empleo, Santiago Baeza, la delegada de Hacienda, Ángela Ambite y dos empresarios de Guadalajara, Javier Solano y Raúl Heranz.
Recordamos que los tres trabajadores de la Cámara de Guadalajara están pendientes de la sentencia de un juicio por el impago de sus nóminas. En dicho litigio los trabajadores denunciaron tanto a la Cámara como a la Junta de Comunidades por no abonar sus salarios.
