Los delitos contra la Administración pública, que habitualmente están relacionados con la corrupción, tuvieron un repunte de un 18 % en 2015 en la región, según ha dado a conocer hoy el fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez.

 Así se recoge en la Memoria de la Fiscalía de 2015 que ha presentado hoy Martínez en las Cortes regionales, en la que figura que en Castilla-La Mancha hay una disminución general de las cifras de criminalidad, aunque hay aumentos significativos como el de los delitos contra la Administración pública o contra la libertad sexual, especialmente los cometidos contra los menores de 16 años.

En 2015 hubo un "repunte significativo" de los delitos contra la Administración pública como cohecho, malversación o prevaricación, habitualmente relacionados con la corrupción, que se incrementaron un 18 % con respecto al año anterior.

Y aunque los delitos contra la Administración pública "tienen una presencia muy reducida en las cifras globales de criminalidad", Martínez ha admitido que pero el porcentaje de aumento 2015 supone un "repunte importante".

Incremento importante de los delitos contra menores

Asimismo, ha calificado de "preocupante" el incremento de los delitos contra la libertad sexual a menores, que crecieron un 225 % con respecto a 2014, aunque el fiscal superior ha puntualizado que este aumento estuvo relacionado con los cambios legislativos que elevaron la edad penal de 13 a 16 años.

En concreto, en 2014 se abrieron en Castilla-La mancha 16 causas penales contra la libertad sexual con víctima menor que aumentaron en 2015 a 52 causas abiertas.

El año pasado se registraron también aumentos importantes en delitos como el de revelación de secretos y se mantuvo la tónica de que siguen creciendo, año a año, delitos contra la hacienda pública o delitos fiscales.

También se produjo el año pasado un aumento claro de los delitos cometidos por imprudencia, de los homicidios o lesiones imprudentes, que la Fiscalía asocia "a la recuperación en parte de la actividad industrial y económica", ha precisado Martínez.

En cualquier caso, ha subrayado que en el ámbito de la jurisdicción penal, Castilla-La Mancha sigue siendo un territorio "que se puede calificar en términos generales de seguro y de tranquilo", aunque de vez en cuando salen casos que "estremecen" a la sociedad en general.

Esta consideración se refleja en el capítulo fundamental es el de los delitos contra el patrimonio, que representa la mitad de los procedimientos penales, el 50 por ciento de las causas penales se abren o se inician con delitos contra la propiedad, que en 2015 se mantuvieron en la tónica general de bajada, con un descenso de algo más del 4 %.

La criminalidad general disminuyó en las cinco provincias

La disminución general de las cifras de criminalidad fue general en las cinco provincias de Castilla-La Mancha en el quinquenio 2011-2015, ya que en todas ellas fueron inferiores el año pasado a las que se registraron en 2011, ha subrayado el fiscal superior.

En 2015 se abrieron en los órganos judiciales de Castilla-La Mancha 133.000 diligencias previas, de las solamente 500 fueron abiertas por fiscales, debido a que las denuncias directas ante las Fiscalías son poco frecuentes.

Martínez ha detallado que unos años Albacete, Ciudad Real y Toledo tenían cifras parecidas, sobre todo Ciudad Real y Toledo, pero con el transcurso del tiempo Toledo se ha despegado y representa casi el 40 % de la criminalidad de la región, mientras que Albacete, Cuenca y Guadalajara suman un porcentaje similar y Ciudad Real tiene aproximadamente un 25 %.

Por otra parte, ha calificado 2015 como "el año de las grandes reformas legislativas", lo que obligó a los tribunales de Castilla-La Mancha a hacer un esfuerzo de actualización y revisión de las causas penales en el plazo de seis meses que se estableció.

Ha valorado la disminución que se ha producido en las cifras de pendencias y ha hecho hincapié en que el trabajo de los órganos judiciales ha permitido absorber parte del atraso estructural que soportan los órganos jurisdiccionales, gracias al "claro y relevante" impulso que se dio en 2015 a la modernización de la justicia.

En este sentido, ha recordado que Castilla-La Mancha tiene la ratio de jueces y magistrados por habitante más baja de España, ya que la media española es de 12,5 jueces por habitante y la castellanomanchega de 10,4 y ha señalado que otro tanto ocurre con las plantillas de fiscales, que se configuran con arreglo a la planta judicial.