Page con los miembros de las plataformas contra el fracking de Guadalajara y Albacete. El gobierno de Castilla-La Mancha anunció ayer que se presentará una Ley para "prevenir" el "fracking" en CLM, que seguirá el modelo de la que ya existe en el País Vasco.
El gobierno socialista de CLM utilizará una Ley similar a la aprobada por el parlamento vasco para tratar de impedir las investigaciones de yacimientos gasísticos en la Autonomía mediante el método de fractura hidráulica o frackig. Esto es así porque la citada ley vasca no ha sido declarada anticonstitucional, aunque legisla sobre cuestiones que en teoría son competencia estatal. La Ley de Hidrocarburos concede al Estado la competencia en la investigación de yacimientos de gas o petróleo, y en base a ello aprobó sendos proyectos de investigación en la comarca de La Mancha, entre Albacete y Ciudad Real,y en más de una veintena de pueblos de las provincias de Soria y Guadalajara, entre Alcolea del Pinar hasta Almazán, el llamado Proyecto Cronos.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, hizo este anuncio tras una entrevista en el palacio de Fuensalida mantenida por el presidente regional Emiliano García-Page con miembros de las plataformas anti-fracking de Guadalajara y Albacete: "Lo que hacemos es prevenir, mejor que curar, en esta práctica y, en este caso, lo que ha hecho Castilla-La Mancha es ponerse del lado de la prudencia. La prudencia está al lado del no y la temeridad está al lado del sí”, en referencia a los citados permisos de investigación que ha dado el gobierno central. Arroyo no duda de que cuando termine este proceso no podrá haber fracking en Castilla-La Mancha, “ni nuevos proyectos ni tampoco los antiguos permisos de investigación tendrán vigencia”.
Modificaciones legislativas
El consejero ha explicado que en la futura ley se especificará un Plan Estratégico que habrá que cumplir y los posibles proyectos deberán ser aprobados por el Consejo de Gobierno mediante Decreto. En la elaboración de dicho plan participará desde el principio la población afectada y, en ambos casos resultará, además, preceptivo el trámite de información pública.
Los proyectos serán también objeto de evaluación ambiental estratégica en los términos marcados por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y su legislación de desarrollo. En ella, se deberán analizar con especial atención los riesgos derivados de la técnica sobre la salud humana y el medio ambiente, las necesidades de recursos hídricos, la gestión de los residuos generados y las emisiones de contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero.
Será, ha precisado Martínez Arroyo, un plan “absolutamente restrictivo” en el que se zonificará el territorio recogiendo las zonas más vulnerables, así como una evaluación ambiental estratégica, que hará “imposible la práctica de esta técnica en la región”. También se modificará la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU), que los ayuntamientos deberán tener en cuenta antes de autorizar cualquier proyecto de fracking en su territorio.
El borrador se basa en las recomendaciones de la Comisión Europea para prevenir la contaminación de acuíferos y suelos. Según Martínez Arroyo, “es una ley muy avanzada, probablemente la más moderna de España y que sigue el modelo de la comunidad autónoma de País Vasco que no ha tenido contestación por parte del Tribunal Constitucional”. Una ley que, ha añadido, servirá de ejemplo para otras comunidades autónomas, como Asturias, que ya han mostrado su interés por las medidas adoptadas en Castilla-La Mancha.
La Plataforma contra el Fracking del Campo de Montiel y La Mancha y la Plataforma contra el Fracking de Guadalajara han expresado su satisfacción por las iniciativas que se pondrán en marcha lamentando la inacción del anterior Ejecutivo regional. “El Gobierno de Castilla-La Mancha está haciendo lo que es obligación de los gobernantes: escuchar al pueblo y hacer las leyes pertinentes para que lo que dice el pueblo se haga realidad”, ha apostillado Javier López, miembro de la plataforma guadalajareña contra el fracking.
